jueves, 30 de agosto de 2012

Mis preguntas sobre la invalidez de la elección


En diversos espacios, las opiniones respecto al juicio de invalidez de la elección presidencial han abordado el asunto tratando de jugar a ser juez. Si se debe anular la elección presidencial deberá ser, por supuesto, un asunto que se determine con criterios jurídicos. Sin embargo, hay algunas otras reflexiones que no son exclusivamente legales y a las que les he dado mil vueltas en la cabeza. La calificación de la elección probablemente ocurra entre hoy y mañana, por lo que quise plasmar lo que pienso fundamental alrededor de tres preguntas:

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¿Es conveniente que haya invalidez de elecciones?

Uno de los argumentos en contra de la posible invalidación de la elección es el asunto de riesgo moral que puede inducir, es decir, podría inducir a todos los competidores a cometer faltas para, en un caso extremo, denunciarse a ellos mismos. Para algunos puede ser muy peligroso anular o invalidar elecciones, por lo que un castigo como la pérdida del registro podría ser ejemplar si se aplica correctamente. Imaginen la elección del 2006 sin el PRI - por el pemexgate' -, por ejemplo. En cambio, considero que la invalidez debe ser una posibilidad en nuestro sistema electoral pues el aplicar un castigo de semejante tamaño a quien infringió la ley puede traer muchos beneficios en el futuro.

Parto de pensar en cuál sería un mundo ideal en el que los tres partidos o colaciones principales iniciaran en condiciones que pudiéramos llamar iguales. Si pensamos que esto es posible y que en algún momento uno de los tres hace uso de una práctica que impida que la elección sea inequitativa, debería poder invalidarse, porque estamos partiendo del hecho de que las condiciones estaban dadas para una elección pareja que alguno de los jugadores desemparejó. Al menos en el mundo ideal, la invalidez debería ser una opción.

Por supuesto, la igualdad perfecta de condiciones no ocurrirá nunca y toca a las autoridades tratar de nivelar esas inequidades, pero también ponderarlas en sus decisiones. Más aún, el que todos los partidos cometan faltas o que tomen ventaja de ciertas circunstancias haciendo inequitativa una elección para beneficiarse no quiere decir que haya que dejar pasar estas conductas. Sería como darle la razón a quienes opinan que si el PRI compró cinco millones de votos pero el PRD compró tres, entonces la inequidad sólo es de la diferencia de dos millones. Si en el mundo ideal desearíamos que hubiera invalidez, en uno como en el que vivimos, lo desearímos más.

Invalidar una elección haría creíble la ejecución de castigos en el contexto de un juego que se repite. Debe haber elementos altamente costosos en los castigos que inhiban conductas en el momento relevante. Las multas pueden inhibirlo también sólo si son extremadamente altas, pero en verdad mucho. Probablemente en los cálculos del PRI ya estaba internalizada la multa que les viene, pero qué importa, pueden sacar ese faltante de los gobiernos de los estados, de fuentes ilegales o de agentes privados a quienes pueden pagar con otros favores. Los incentivos para hacer trampa persisten con multas monetarias porque es como si el PRI o cualquiera que haga trampa estuviera endeudándose muy barato, pagando la multa, pero ganando posiciones desde las cuales podrá reponer lo invertido. Invalidar elecciones no sólo eliminaría al tramposo del juego, pero sobre todo, le quitaría la posibilidad de influir como gobierno en la siguiente repetición de dicho juego. En el caso contrario, podría suceder que dos de los tres partidos acordaran bloquear al otro consistentemente, pudiendo pactar el asumir cada uno el costo de las multas y la pérdida del registro mientras es gobierno para permitirle ser gobierno al segundo en un periodo subsecuente.

Algunos otros argumentos han señalado que el beneficio de la duda debe ser para el votante, porque los jugadores aceptaron las reglas desde el inicio. Pero el cuestionamiento no es a las reglas, sino a la violación de las reglas, y si se violan las reglas, debería haber un castigo ejemplar para quien lo haga. Evidentemente no podemos posicionarnos completamente al contrario, es decir, pedir que no quede la menor duda sobre la legalidad de los procesos.

¿Qué hay en la impugnación, que no hay y qué pudo haber?

Hasta hoy, el documento jurídicamente válido desde el cual podrían venir los elementos necesarios para interpretarse de tal forma que procediera la invalidez es la impugnación presentada por el Movimiento Progresista. Después de revisar las impugnaciones de la gubernatura de Tabasco, de un municipio de Hidalgo y la de Morelia, encuentro similitudes con la impugnación actual en dos sentidos.

Primero, en que los tiempos legales no dan para hacer un mucho mejor trabajo o para presentar más orden. Las impugnaciones son un 'copia y pega' de documentos oficiales, oficios, propaganda, recortes de periódico, columnas publicadas, etc. Es decir, carecen de una argumentación clara de por qué y cómo cada uno de los elementos aportados constituyen una prueba. ¿Pudo ser mejor? Probablemente sí, pero sólo para crear mejores argumentos y darle un sentido menos anecdótico. Pero, ¿de verdad podía haber mejores pruebas?

Por ello, también vale la pena pensar qué otra cosa hubiera servido, pensando que hubiera habido la posibilidad de realizarla, como para que hubiera elementos que ayudaran a probar la determinancia, como se interpretó en resoluciones anteriores. Se debe señalar que incluso disponiendo de recursos mayores a los que se desplegaron, con presencia en todas las casillas, con observadores armados con cámaras y micrófonos, reunir evidencia que cumpla con lo que algún sector de la prensa considera que son las características de una prueba contundente, es imposible. Para cualquiera de los candidatos.

Segundo, en que los argumentos sobre la causalidad y la magnitud de las irregularidades no están en los juicios de la impugnación, sino que estos vienen de la interpretación que se le den a las pruebas. Por ello podemos pensar que existen formar alternativas de interpretar la evidencia presentada. Yo considero que el frente por el que hay mayores dudas para la calificación tiene que ver con si la elección fue libre, de acuerdo a la constitución.

La libertad es un concepto tan difícil de tratar en los hechos. Suena muy bonito pero, ¿qué es ser libre? Desde este punto de vista, que se pretenda interpretar la compra de libertades y la coacción como un proceso simplificado de 'me das algo y te doy algo a cambio' es inapropiado. El concepto de 'libre' nos remite a un proceso mental mucho más complejo que la acción recibir-dar. Por eso debería ser posible argumentar por qué la elección no fue libre sin exigir el acta notariada de alguien que admite haber cambiado su voto a cambio de una mercancía.

¿Necesitamos evidencia forense para saber que las elecciones no fueron, al menos parcialmente, libres?

Nadie nunca podría cuantificar con una certeza razonable que las elecciones no fueron libres, no con la idea de la determinancia aplicada en resoluciones anteriores. Pero podemos concedernos el analizar el asunto desde otras perspectivas. Quizás pensando más para un discurso de lo que deberá ser en las reformas que se propongan y no tanto pensando en que los magistrados escucharán las opiniones públicas.

La discusión sobre la libertad de la elección se enmarca en una discusión más amplia sobre si las personas actúan de manera libre y consciente y con un objetivo en mente cuando hacen una elección. Esta discusión se parece a la que han formulado las ciencias sociales por años, por ejemplo, la crítica que va y viene sobre los fundamentos neoclásicos de la micro y la macro. Me parece que una de las críticas la impugnación está completamente errada al inscribir al votante en un modelito mental muy simple: el votante evalúa su situación de manera objetiva, tiene unos objetivos claros que desea satisfacer, evalúa las ofertas políticas, toma las promociones de forma marginal para evaluar su decisión y emite el sufragio libre, detrás de una cortinilla todopoderosa.

Si los individuos evalúan objetivamente su situación actual puede ser relativamente cierto, al menos para sus condiciones individuales. Pero pensar que tienen una idea clara de qué ofrece cada partido y candidato es menos obvia. Esto puede no ser sólo una crítica a la elección, sino más general, a la asimetría informativa. Debería ser ese el papel de los medios, el informar. ¿Sirvieron los medios para informar? Podemos argumentar que no.

La exposición a imágenes, datos y discursos tiene un efecto importante sobre las personas. Hay evidencia de que el comportamiento de los individuos se altera con la recepción de mensajes. La emisión de mensajes negativos hacia otros candidatos, la desproporcionalidad de los comentarios negativos y la difusión de encuestas tienen un efecto en las decisiones. Si no, ¿por qué se hicieron? ¿No bastaría mostrar con pruebas contundentes la desproporcionalidad de la propaganda disfrazada para, dada la penetración de los medios masivos, se considerara que no hubo libertad en la elección? Sí, a mí me quedan aún muchas preguntas y no sé si sea suficiente.

Por otro lado, valdría la pena hacer un señalamiento sobre lo que pasa en las casillas el día de la elección, pero también sobre lo que sucede en las campañas en las colonias, en las reuniones de funcionarios con sus subalternos, en las dependencias de todos los niveles, en las iglesias del Bajío, en las asambleas sindicales... A un sector de nuestra comentocracia le hace falta darse un baño de realidad, salir del DF (o de la Roma) para ver cómo funciona la compra de voluntades, que ni es una venta de la libertad, sino un despojo. Puede ser cierto que lo hacen todos, pero eso no le quita valor a la acusación contra el PRI, la refuerza.

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El PRI, con una estructura territorial inigualable y con media decena de gobernadores operando a su voluntad tiene una capacidad mucho mayor al resto de las fuerzas políticas para 'modificar la libertad'. En esta elección un candidato a diputado amenazó a un grupo de campesinos con vigilarlos con un satélite. Cuánto más no habrá sucedido.

Encuestas que contagian opinión, que crean realidades alternativas y que inhiben comportamiento. Las manos de los partidos en las arcas de los gobiernos. La exposición mediática. ¿Debemos ver esto como una suma de cosas con la qué comparar 3 millones? ¿Son chivitos y decenas de tarjetas nada más? ¿Son rumores de Soriana y Monex que no vale la pena explorar más allá? ¿Nos basta con esto para pedir invalidez?

Hay seguramente más preguntas que certezas pues la cuestión del beneficio de la duda es fundamental. ¿Ganamos o perdemos invalidando elecciones? Ganamos, creo, pero dejamos la puerta abierta a nuevos comportamientos y prácticas indeseables. Probablemente no estará nunca la ley acorde con las circunstancias, pero las interpretaciones a la ley deberían de ser la vanguardia hacia las reformas que siguen y no salvaguardas de los miedos de los partidos al momento de aprobarlas.

Y cada quien ya hizo su trabajo.

2 comentarios:

Cempazúchitl dijo...

si piensas que $1,173,486,884 es un número complicado para Elba Esther, también lo fue para AMLO y su equipo:

https://twitter.com/EulerEquation/status/241738539094654976/photo/1

Irvin Rojas dijo...

Ese precisamente no es mi punto. El hecho de que la impugnación estuviera mal hecha y mal redactada no está a discusión, creería yo. Lo que sí está es que no hay ningún elemento que haya podido funcionar como una prueba suficiente en este planeta, no con la ley actual, aunque Shakespeare hubiera redactado la impugnación.